Socorro II: El pedido de suspensión de adjudicaciones llegó a la Camara de Diputados

CAFAYATE 12/09/2019 Por bienvallisto
En los últimos días distintas instancias se dieron en el ámbito municipal pidiendo la suspensión de los 520 lotes que el IPV otorgó a través de un sorteo. En las últimas horas se presentó un proyecto de Resolución del Diputado Humberto Vazquez, solicitando también la suspensión de las adjudicaciones.
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En el ámbito local el pasado día 9 de septiembre las familias con expedientes en condiciones para acceder a un terreno social, solicitaron a través de una nota con varias firmas a los distintos representantes políticos su apoyo a los siguientes puntos:


* Suspender la entrega de los lotes ya sorteados hasta que el IPV , realiza y estudie cada uno de los expedientes, respetando el sistema CINTYS que no fue realizado en su totalidad.

* Que se realice los entrecruzamientos de datos y relevamiento con todos los organismos públicos y privados que puedan arrojar la veracidad de las familias que cumplan y necesitan una solución favorable.

* Que dentro de los estudios se realice los relevamientos a cada una de las familias adjudicadas para verificar su situación real.

La nota destinada al Concejo Deliberante de Cafayate, Intendente Municipal Fernando Almeda, Diputado Provincial Sergio Cisneros y Senador Provincial Sergio Saldaño, dejaba también en claro que la posición de las 70 familias que realizan el reclamo no es en contra de los beneficiarios que cumplieron con los requisitos.

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Desde el Concejo de Cafayate se elaboró un Proyecto de Resolución, donde se solicita al IPV que se proceda a la suspensión de la entrega de los lotes sociales hasta que la justicia penal se pronuncie sobre las denuncias realizadas.

Ya en el ámbito provincial el pasado día martes 10 en mesa de entrada de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de resolución, presentado por el Diputado Humberto Vazquez, donde se solicita también la suspensión inmediata de la entrega de los lotes del Loteo Social Finca Socorro II por las irregularidades verificadas y las denuncias penales en contra de las autoridades del IPV, hasta que la justicia Penal se expida sobre la cuestión de fondo.

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